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17/9/2011

La C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 2ª, con fecha 14/04/2011, en autos "Editorial Perfil SA v. Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva", entendió que el Fisco no puede validar una transferencia mediante cesión -por parte de una editorial- de crédito fiscal proveniente de saldos de libre disponibilidad de IVA a otra firma, cuando aquélla adeuda obligaciones impositivas y/o previsionales, líquidas y exigibles por el Fisco, al tratarse de una empresa concursada, respecto de la cual los efectos del acto de apertura de su concurso se retrotraen a la fecha de presentación y aunque al momento de comunicarse al Fisco la cesión e iniciarse el trámite pertinente se encontraba limitada por las previsiones de los arts. 16 y 17, LCQ, ello no obstante que las acreencias del Fisco resulten exigibles por intermedio del proceso concursal, pues el hecho de que las deudas tengan una vía especial de cobro como consecuencia de un acto del deudor no impide su exigibilidad. 14/04/2011

Editorial Perfil SA v. Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, sala 2

Y VISTOS,

"Editorial Perfil S.A C/ EN-AFIP DGI-Resol 292/06 s/ proceso de conocimiento", y CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 237/239, la Sra. juez de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda entablada por Editorial Perfil S.A. y, en consecuencia, revocó la resolución 292/06 y dispuso la remisión de las actuaciones a la A.F.I.P.-D.G.I. con el objeto de que dicha repartición procediera a verificar los demás recaudos exigibles relativos a la existencia y legitimidad del crédito motivo de la cesión. Asimismo, en atención a la remisión a sede administrativa dispuesta, denegó el pedido de reintegro del monto pretendido por la actora. Impuso las costas en un 20% a la accionante y en un 80% a la accionada.

Para así decidir, luego de pronunciarse sobre la temporaneidad del recurso deducido en sede administrativa en los términos del art. 74 del decreto 1397/79, precisó que Editorial Perfil S.A. cedió a Deloitte & Co S.R.L. mediante instrumento privado, créditos fiscales provenientes de saldos de libre disponibilidad IVA por la suma de $ 82.700, de conformidad a lo preceptuado en el art. 29 de la ley 11.683, lo que fue comunicado al organismo fiscal el 21/12/01, procediendo el 4/1/02 a solicitar a la Agencia N° 8 la aplicación de los saldos de libre disponibilidad. Puntualizó que durante el trámite de validación de la transferencia, el ente recaudador dictó la resolución general N° 1466/03, que establecía los requisitos para solicitar la convalidación y posterior transferencia. Señaló que con fecha 12/10/05, la demandada rechazó la solicitud de la contribuyente, por incumplir con lo preceptuado en el art. 2°, inc. b) de la resolución antedicha, previsión que establecía que para la validación del crédito el peticionante no debía adeudar obligaciones impositivas y/o provisionales líquidas y exigibles a la fecha de presentación de cada una de ellas, lo que fue confirmado por la resolución 292/06 del Director (Int.) de la Dirección Regional Centro de la Dirección General Impositiva.

Puso de relieve que la actora se presentó en concurso preventivo el 27/12/01 y que el acto de apertura de este proceso se dictó el 26/2/02. Asimismo, que por ante el juzgado donde tramitaba el proceso concursa! tramitaron dos incidentes de verificación iniciados por el Fisco Nacional: 1) por deuda líquida y exigible por $ 308.072,65 (período 12/01 de RNSS); y 2) en concepto de IVA período 10 a 12/00 y RNSS (impugnación acta de inspección N° 70129953), períodos 3/90 a 2/91 con carácter condicional.

Destacó que las partes controvertían la subsistencia, respecto de las deudas aludidas y verificadas en el concurso de la accionante, de los caracteres de liquidez y exigibilidad (la actora sostenía que se trataba de deudas concursales, sólo exigibles en dicho marco y en la ley que rige la materia, y la demandada postulaba el mantenimiento del carácter de exigible de tales deudas hasta su satisfacción mediante un plan de facilidades de pago).

Recordó que un crédito era líquido cuando su monto se hallaba determinado con exactitud y, además, era exigible, cuando su satisfacción por el obligado al pago podía ser reclamada inmediatamente porque la acreencia no estaba sujeta a condición, plazo o modo. Agregó que el auto que abría el juicio de convocatoria, producía efectos inmediatos, que se retrotraían a la fecha en que el deudor hizo su pedido de reunión y que la solicitud de aplicación de los fondos se efectivizó el 4/1/02, ya en estado de concursamiento.

Consideró, en consecuencia, que las deudas involucradas habían perdido su carácter de liquidez y exigibilidad a los fines de la R.G. N° 1466/03, transformándose en deudas concursales sólo cobrables dentro de ese procedimiento, al que recurrió la demandada a fin de su verificación. Concluyó que correspondía revocar la resolución 292/06 y disponer la remisión de las actuaciones a sede de la demandada.

En punto a la pretensión esgrimida por la actora en la ampliación de la demanda, entendió que no, procedía hacer lugar al reintegro solicitado, en atención a la remisión a sede administrativa dispuesta a los fines de la continuidad del trámite de convalidación del crédito transferido.

II.- Contra dicho pronunciamiento, apelaron la parte actora (fs. 243) y la demandada (fs. 245). A fs. 258/263 y 251/257 vta., respectivamente, la accionante y el Fisco Nacional expresaron agravios. A fs. 265/271 obra la contestación de traslado de la accionada, mientras que a fs. 273 se tuvo por vencido el plazo para que la actora conteste el traslado conferido a fs. 264, segundo párrafo.

III.- El Fisco Nacional se agravia de la revocación de la resolución 292/06.

Postula que en el acto revocado se sostiene que el concurso preventivo se considera iniciado al momento de la presentación de la concursada (tal y como lo confirma la juez de grado) y que los efectos del auto de apertura operan en forma retroactiva a esa fecha. Aduce que yerra la magistrado en sus considerandos, ya que la condición de exigible que reviste una deuda depende de si se encuentra o no vencida y si cuenta o no con acción, ya sea individual o colectiva, para lograr su satisfacción. Esgrime que la noción de deuda exigible equivale a la de deuda vencida y, en tal sentido, pasado el respectivo vencimiento, el deudor se encuentra en mora, encontrándose habilitado el organismo para iniciar los actos tendientes al cobro.

Señala que si bien la apertura del concurso produce la prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial, los pretensos acreedores que se ven impedidos de promover sus respectivas acciones individuales no quedan desatendidos, ni ven frustrados sus derechos de cobro, ya que en sustitución de tales acciones la ley les confiere el ejercicio de otras de participación en el proceso colectivo. Observa que el concurso preventivo modifica la acción con la que cuenta el acreedor para lograr la satisfacción de su crédito, sin alterar, en principio, por la sola apertura y al menos hasta la homologación del acuerdo, al propio derecho u obligación, que es con relación al cual debe predicarse el carácter de exigible y que, en caso de encontrarse presente, permitirá a aquél obtener la verificación o admisibilidad de su crédito.

Agrega que, por lo tanto, si la condición de exigible del crédito presuponía tanto la respectiva acción del acreedor como el cumplimiento voluntario del deudor y, en lugar de tales posibilidades, la ley coloca a los mismos fines un proceso colectivo y reglado, contrariamente a lo fallado, la exigibilidad no desaparece sino que sólo se concreta a través de un procedimiento distinto (el concursal). Destaca que, prueba de la existencia de esa exigibilidad, es el hecho de que su parte verificó la deuda concursal en sendos incidentes de verificación y que, tal como lo destaca la jurisprudencia en relación a la ley 23.982, la deuda no deja de ser exigible, sino que se dispone un modo peculiar de percepción. Recuerda que la R.G. 1466/03 no hace distinción alguna respecto de la exigibilidad que requiere, sino que únicamente refiere a la inexistencia de deudas líquidas y exigibles a la fecha de la transferencia. Puntualiza que la deuda discutida era líquida y exigible para su parte en el marco del concurso de la actora a la fecha de realizarse la transferencia (4/1/02).

Cita las disposiciones contenidas en los arts. 16 y 17 de la ley de concursos y quiebras, en que se prevén los actos prohibidos para la concursada y la consecuencia jurídica de su realización (ineficacia). Alega que por ello "...-en caso de mantenerse el criterio sustentado por la jueza a quo- la deuda que Editorial Perfil mantenía con Deloitte S.R.L y para la cual dispuso del crédito fiscal de IVA, era de título anterior a la presentación en concurso, y por lo tanto, también era de carácter concursal, quedando incluida en las mismas previsiones de la Ley de Concursos y Quiebras que la deuda que la actora poseía con mi mandante" (sic). Y que, en tales términos, el fisco y los demás acreedores de la firma, se vieron perjudicados por dicho acto de disposición por parte de la actora, lo cual constituyó un verdadero acto prohibido. Reitera que la prohibición de los arts. 16 y 17 de la ley de concursos y quiebras tiende a preservar el principio de la pars conditio creditorum (evitar fraudes, connivencias o acuerdos entre el deudor y algún acreedor particular en desmedro de las posibilidades de cobro de los restantes acreedores).

Refiere, en relación a la ampliación de la demanda, que las normas tributarias habilitan la celebración de la cesión de créditos (art. 29 de la ley 11.683 y 24 de la ley 23.349) y regulan el trámite a seguir para que el fisco acepte la transferencia y ésta le sea oponible (R.G. 1466/03); empero, para que el crédito fiscal pueda ser objeto de transferencia, deberá previamente ser convalidado por el fisco. Cita lo normado por el mentado art. 29 de la ley 11.683.

Alude a las previsiones contenidas en las resoluciones generales 2785/88 y 1466/03. Asevera que, en caso de que el organismo fiscal, en ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización otorgadas por la ley 11.683, infiera la incorrecta o ilegítima determinación del importe de los créditos fiscales transferidos por los cedentes a los cesionarios, el juez administrativo competente procederá a al rechazo de la solicitud mediante resolución fundada. Esgrime que, dada la remisión ordenada por la Sra. juez y toda vez que le fisco aún no se ha expedido respecto de la convalidación del crédito fiscal cedido, mal podría la sentenciante haber otorgado monto alguno a la actora en concepto de reintegro.

Manifiesta que el decisorio en crisis ha soslayado la presunción de legitimidad que ostentan los actos administrativos. Por último, se queja de la forma como fueron impuestas las costas.

IV.- La actora se agravia del rechazo del pedido de reintegro de las sumas abonadas por su parte como anticipo N° 11 del impuesto a la ganancia mínima presunta. Señala que la Sra. juez a quo no brindó razón plausible alguna para así decidir y cercenar su derecho a obtener la devolución de tales sumas. Sostiene que no comprende cómo es que la sentenciante hizo lugar al planteo de nulidad de la resolución y sin embargo, rechazó el reintegro de las sumas. Recuerda que el pago efectuado a Deloitte (tercero cedido) lo fue en el marco del rechazo que dispusiera el organismo recaudador respecto de la cesión celebrada entre su parte y la firma mencionada. Argumenta que de mantenerse los términos del decisorio recurrido, quedaría convalidado un pago incausado y un enriquecimiento sin justificación por parte del fisco. Ello, por cuanto la cancelación efectuada por su parte quedaría desprovista de sustento, en atención a la revocación de la resolución 292/06 que le dio origen. V.- Del cotejo de la actuación N° 10642-326-2005, cuyas copias certificadas fueran reservadas dentro del sobre 2375, se desprende que:

- Deloitte & Co SRL comunicó a la AFIP mediante la multinota 206/1, presentada el 4 de enero de'2001, que "... procedemos aplicar saldos de créditos fiscales de libre disponibilidad del Impuesto al Valor Agregado por la suma de $ 255.980 .... correspondiente al período fiscal de noviembre de 2001. Dichos saldos fueron transferidos a nuestra sociedad por Monsanto Argentina S.A, Editorial Perfil S.A. y P.A.M.S.A., mediante cesión de créditos notificada a la AFIP-DGI en el día de la fecha..." (ver fs. 1);

- mediante la nota de fecha 21 de diciembre de 2001 – presentada el 4/01/02-, Comunicación de transferencia de saldos de libre disponibilidad IVA, dirigida a la AFIP-DGI (acompañada a la multinota antedicha) Editorial Perfil S.A. y Deloitte & Co SRL informaron que en esa misma fecha, por medio del instrumento privado adjunto, la primera había transferido a la segunda créditos fiscales provenientes de saldos de libre disponibilidad IVA por la suma de $ 82.700, de conformidad con el artículo 24, segundo párrafo de la ley de impuesto al valor agregado, art. 29 de la ley 11.683 y R.G. 2948 (cfr. fs. 2);

- en el contrato de cesión de créditos fiscales, celebrado el 21 de diciembre de 2001 entre Editorial Perfil S.A. (cedente) y Deloitte & Co. SRL (cesionario), el primero reconoció adeudar al segundo la suma de $ 74.497,28 y se acordó que con la finalidad de cancelar la deuda antedicha el cedente cedía y transfería definitivamente al cesionario y éste aceptaba, créditos fiscales de libre disponibilidad correspondientes al impuesto al valor agregado por el importe nominal de $ 82.700; el precio de la cesión se pactó en la suma de $ 82.700, se acordó, asimismo, que el cedente se obligaba a presentar ante la AFIP toda la documentación y/o declaraciones juradas y/o formularios y/o hacer todos los trámites y/o gestiones que fueran necesarias a fin de que la cesionaria pudiera gozar y utilizar en forma total y efectiva de los créditos fiscales transferidos; también que en el caso que la AFIP no admitiera expresamente la existencia y legitimidad de los créditos transferidos y sus importes, que el cedente respondería ante el cesionario por la existencia y legitimidad de los créditos transferidos, debiendo tomar a su cargo los eventuales recargos (cfr. fs. 3/4);

- mediante nota DCYQ Sección D, del 16/6/05, el Jefe (Int) de la Sección D Div. Coord. y Rep. Judicial, Departamento Concursos y Quiebras, informó que dicha dependencia se encontraba representando al organismo fiscalizador en dos incidentes de verificación tardía: el primero, N° 45.294, iniciado el 24/10/2003, con motivo de lo previsto en el art. 56 de la ley 24.522, por la suma total de $ 308.072,65 (período fiscal 12/01), con privilegio general, en virtud de la boleta de deuda emitida por la agencia N° 8, en que el Juzgado Comercial 17, Sec. 33, declaró verificado el crédito señalado; el segundo, N° 45.602, en relación al impuesto al valor agregado correspondiente los períodos fiscales comprendidos entre octubre y diciembre de 2000, inclusive, en virtud de la orden de intervención N° 900.864/0, en trámite a esa fecha. Asimismo, de la actuación N° 10642-725-2005 surge que:

- Editorial Perfil realizó en diferentes fechas y por distintos montos varias cesiones de créditos, entre las que se encuentra la aquí discutida, y que con fecha 19/6/03 realizó una presentación ante la agencia N° 8 en virtud de lo establecido por el art. 4, inc. c) de la R.G. 1466 (ver fs. 1 /4 y 5/7);

-. en el dictamen del Servicio Jurídico de fs. 121/125 (luego de señalarse que la actora realizó las referidas cesiones y de reseñarse que el Departamento de Concursos y Quiebras se expidió en el sentido que la firma no solicitó autorización al juez del concurso ni la intervención del síndico ni del comité de acreedores para realizar tales contratos y que dicha transferencia constituiría un acto de disposición y se encontraría entre los actos previstos por el art. 16 de la ley 24.522), se consideró que, "... los contratos de cesión que conllevan la transferencia de créditos fiscales efectuada por la contribuyente, constituyen actos de disposición que exceden los actos de administración ordinaria de su giro comercial, encontrándose ente los actos prohibidos del art. 16 de la ley concursados" (se refiere a las cesiones celebradas con posterioridad a la presentación en concurso), y, asimismo, respecto de la operación concreta aquí analizada, que "... en relación a la viabilidad del contrato de cesión celebrado el 21 de diciembre de 2001, con anterioridad a la declaración del concurso preventivo de la contribuyente (auto del 27 de diciembre del mismo año), se entiende que su factibilidad dependerá de los actos de verificación de esta Administración Federal, como procedimiento de convalidación del crédito de la firma del Asunto..." (sic);

- a fs. 130 se indicó que el Departamento de Concursos y Quiebras informó sobre los dos incidentes de verificación iniciados por el fisco: uno por deuda líquida y exigible por $ 308.072,65 del período 12/01 de RNSS y otro con carácter de condicional, toda vez, que la determinación se estaba sustanciando, en concepto de IVA período 10 a 12/00 y RNSS; se consultó, asimismo, en atención a lo dispuesto por la R.G. 1466/03, si correspondía o no hacer lugar a la solicitud de transferencia peticionada;

- a fs. 132 se emitió el dictamen jurídico solicitado; se opinó que "... siendo la normativa suficientemente clara y acreditada en autos la existencia de la restricción contemplada por, el inciso b) del artículo 2° de la Resolución General (AFIP) N° 1466/2003 (art. 29 Ley N° 11.683 –t.o. 1998 y modif.- Instrucción General (AFIP-DGI) N° 1068/2004 y cc.), solo restaría efectivizar las correspondientes comunicaciones de no convalidación de la cesión conforme el procedimiento dispuesto en la reglamentación citada" (sic);

- a fs. 138, el Jefe (Int) de la Agencia N° 8 de la Dirección General Impositiva, rechazó la solicitud de transferencia de crédito fiscal de fecha 4/1/02 a la responsable Editorial Perfil Sociedad Anónima, por $ 82.700; ello, al considerar que la contribuyente no cumplía con lo establecido por el art. 2, inc. b) de la R.G. N° 1466;

- el 14 de noviembre de 2005, Editorial Perfil solicitó la vista de las actuaciones (ver fs. 140/vta.) y el 6 de diciembre de 2005 interpuso el recurso previsto por el art. 74 del decreto reglamentario de la ley 11.683 (cfr. fs. 145/159); cuestionó la exigibilidad de las deudas indicadas por el fisco puesto que al 4 de enero de 2002, la empresa ya se encontraba concursada;

- en virtud de la consulta efectuada por la División Revisión y Recursos II de la Dirección Regional Centro (fs. 163/164), se emitió opinión en el siguiente sentido: 1) a la pregunta de la fecha que correspondía tomar a fin de considerar iniciado el concurso preventivo, toda vez que la transferencia fue comunicada (4/1/02) entre la presentación en concurso (27/12/01) y el auto de apertura (26/2/02), se respondió que el concurso preventivo se considerará iniciado al momento de la presentación de la fallida; 2) a la pregunta consistente en si el carácter de deuda líquida y exigible podría llegar a considerarse configurado en el caso de apertura del concurso, se contestó que "... se entiende por deuda líquida aquella que se concreta en una cantidad de dinero exactamente precisada, es decir, está determinada en su cuantía. En tanto es exigible cuando hay acción, ya sea colectiva o individual, condición que no se ve afectada por la apertura del concurso preventivo del obligado, pues precisamente cuando la deuda reviste la condición de líquida y exigible es que se la verifica en el concurso como obligación pura y simple y no como obligación condicional. En dicha circunstancia su exigibilidad se regirá bajo el marco de la ley concursal, debiendo ser reclamada de acuerdo a las pautas normativas que aquella ley impone". Se aclara que en este sentido se ha expedido la Dirección de Asesoría Legal mediante las actuaciones 1220/00 y 1956/00 (fs. 165/169);

- el 10 de noviembre de 2006 se dictó la resolución 292/06, apelada por la recurrente; en ella, luego de reseñarse los hechos del caso y los planteos efectuados por la actora en su escrito recursivo y de hacer referencia al dictamen de la División Jurídica, se entendió que la cesión de créditos no resultaba procedente, "...pues aún existiendo y siendo legítimos los mismos, poseía deudas líquidas y exigibles al momento del contrato que debió haber compensado con el crédito a su favor, de previo a efectuar la transferencia de deudas que no se consideran regularizadas por medio del concurso preventivo" (sic) y que, por lo tanto, "... los elementos de prueba arrimados por la contribuyente no modifican el criterio sustentado en el acto administrativo apelado" (sic)

Por otra parte, a fs. 206 del principal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial informó que el concurso preventivo de la firma Editorial Perfil S.A. fue asignado el 27/12/2001. A su vez, del incidente N° 045294, del Juzgado Comercial N° 17, Secretaría 33, caratulado "Editorial Perfil S.A. Concurso Preventivo s/ Inc. por Fisco Nacional AFIP DGI Verificación", reservado bajo el sobre 2829 y que se tiene a la vista, se desprende que:

- el Fisco Nacional promovió el incidente de verificación de crédito en los términos del art. 56 de la L.C. por la suma total de $ 308.072,65, con privilegio general (art. 146, 2 de la L.C.), el 24 de octubre de 2003 (ver fs. 13/14 vta,), y acompañó a tal fin la boleta de deuda expedida el 10 de junio de 2003, por la suma antedicha, en concepto de "Aportes diciembre", Año 2001, por $ 104.052,49 y de "Contribuciones diciembre", Año 2001, por $ 204.020,16.- (ver fs. 2);

- el 17 de diciembre de 2003, el juez del concurso declaró verificado un crédito a favor de la AFIP-DGI, por la suma de $ 308.072,65, con privilegio general (art. 246, inc. 2° L.C.Q.); para lo cual previamente consideró que: la certificación de la deuda es título suficiente para habilitar la ejecución individual pero no para fundar la admisión concursal del crédito respectivo; que en la especie la actora ha reconocido la causa y el monto reclamado por el fisco; que no podía soslayar que a instancia de la propia concursal ha recaído sentencia declarativa en el expediente N° 43.950, por la cual se reconoce el carácter de pre-concursal respecto de la presente acreencia; y que la sindicatura informa que los montos reclamados resultan coincidentes con las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente. A la luz de los elementos arrimados, tuvo por acreditada la legitimidad y existencia del crédito de que se trata (fs.

24/25);

- Editorial Perfil consintió expresamente dicha resolución, mediante el escrito de fs. 26/vta.,

- el fisco apeló únicamente la imposición de las costas (ver fs. 37 y 39/40vta.), la que fue confirmada por la respectiva alzada el 5 de abril de 2005 (ver fs. 92/93).

VI.- El art. 29 de la ley 11.683 prescribe, en sus últimos tres párrafos, sobre la cesión de los créditos fiscales. Establece; "Cuando en virtud de disposiciones especiales que lo autoricen, los créditos tributarios puedan transferirse a favor de terceros responsables, su aplicación por parte de estos últimos a la cancelación de sus propias deudas tributarias, surtirá los efectos de pago sólo en la medida de la existencia y legitimidad de tales créditos. La Administración Federal de Ingresos Públicos no asumirá responsabilidades derivadas del hecho de la transferencia, las que en todos los casos, corresponderán exclusivamente a los cedentes y cesionarios respectivos":

"La impugnación de un pago por causa de la inexistencia o ilegitimidad del crédito tributario aplicado con ese fin, hará surgir la responsabilidad personal y solidaria del cedente si fuera el caso de que el cesionario, requerido por la Administración Federal de Ingresos Públicos para regularizar la deuda, no cumpliere en el plazo que le fuere acordado con la intimación de pago de su importe. Dicha responsabilidad personal y solidaria se hará valer por el procedimiento previsto en el artículo 17".

"Se presume, sin admitir prueba en contrario, que los cedentes y cesionarios, por el solo hecho de haber notificado a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la transferencia acordada entre ellos, adhieren voluntariamente a las disposiciones de carácter general que dictare la misma para autorizar y reglamentar este tipo de operaciones".

La Resolución General N° 1466/03, publicada en el B.O. el 20/3/2003, regula el procedimiento tributario de convalidación del crédito impositivo a favor del contribuyente y/o responsable originado en el impuesto al valor agregado, así como la transferencia y utilización por parte del cesionario para la cancelación de deudas impositivas, y establece sus requisitos y condiciones.

En el Capítulo A, Presupuestos Generales, art. 2°, dispone que: "La convalidación del crédito referido en el artículo anterior y su transferencia será procedente cuando: a) se verifique fehacientemente la existencia y legitimidad de los créditos, y b) el peticionante no adeude obligaciones impositivas y/o previsionales, líquidas y exigibles, a la fecha de presentación de la solicitud de cada una de ellas".

En el Capítulo C, Transferencia del Importe Convalidado, se destaca que: "Será condición excluyente para la aceptación de la transferencia, que se cancelen las deudas líquidas y exigibles existentes a la fecha de su solicitud" (art. 10, segundo párrafo).

Entre sus disposiciones transitorias, prescribe que: "Los cedentes que hayan solicitado la transferencia de sus créditos impositivos ante este organismo, con anterioridad a la vigencia de la presente resolución general, deberán adecuar las solicitudes realizadas observando los requisitos y condiciones previstos en ésta, dentro del período comprendido entre el día 21 de abril de 2003 hasta el día 20 de junio del mismo año, inclusive" (art. 14, primer párrafo). Dispone, asimismo, que: "La condición excluyente a que se refiere el segundo párrafo del art. 10, deberá cumplirse tanto al momento de las solicitudes originarias de transferencias, como al momento de formalizarse la pertinente adecuación, en el plazo indicado en el primer párrafo del artículo precedente".

Como se vio en el considerando que antecede, el trámite se inició el 4 de enero de 2002, en los términos del art. 29 de la ley 11.683 y de la R.G. (DGI) 2948 (ver fs. 1 y 2 de la act. 10642-326-2005). En la pieza que luce a fs. 5/7 de la act. 10642-725-2005 y en la propia resolución 292/06 (ver. fs. 175), se destaca que, posteriormente, con fecha 19/6/03, la cedente cumplió con lo establecido en el inc. c) del art. 4° de la RG 1466, al informar que la firma se encontraba bajo fiscalización, en concurso preventivo y no se hallaba en trámite de transformación, absorción, fusión y extinción (hecho que no fue negado por la accionante en su demanda). El contrato de cesión de créditos fiscales fue celebrado el 21 de diciembre de 2001 y seis días después, Editorial Perfil S.A. se presentó en concurso preventivo. El auto de apertura se dictó el 26 de febrero de 2002. El ente recaudador se presentó a verificar su crédito contra la actora en el concurso, por aportes y contribuciones del régimen de seguridad social correspondientes al mes de diciembre de 2001, según la boleta de deuda librada el 10 de junio de 2003, el 24 de octubre de 2003. El juez del concurso, luego de destacar que mediante sentencia declarativa sé reconoció el carácter de preconcursal de la acreencia, declaró verificado dicho crédito, con privilegio general, el 17 de diciembre de 2003, encontrándose firme dicha resolución y consentida por la actora.

La Sra. juez de grado revocó la resolución 292/06, por la que se había confirmado el acto administrativo que rechazó la transferencia de crédito fiscal, por entender que las deudas de Editorial Perfil con el fisco "... habían perdido su carácter de liquidez y exigibilidad a los fines de la Resolución 1466/03, transformándose en deudas concursales solo cobrables dentro de ese procedimiento, al que concurrió la demandada a fin de su verificación".

El Fisco Nacional se agravia de lo así decidido.

VII.- Que en primer término, no debe perderse de vista que la R.G. 1466 expresamente prevé la sujeción a sus preceptos y consiguiente adecuación de las solicitudes de transferencia en trámite (es decir, a las anteriores a su entrada en vigencia), observando los requisitos y condiciones previstos en ella.

Por tal motivo, el requisito consistente en que el peticionante no adeude obligaciones impositivas y/o previsionales, líquidas y exigibles, resulta requerible en la especie, máxime si se considera, por un lado que no cuestionó la validez de dicho precepto (en la demanda ni en sus ampliaciones de fs. 118/121 y 156/157) y por, el otro que, según se señaló en el considerando que antecede, la accionante adecuó su petición con fecha 19/6/03, al cumplir con lo establecido en el inc. c) del art. 4° de la RG 1466. En tales condiciones, resulta aplicable la jurisprudencia que establece que el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos por un régimen, obsta a su impugnación ulterior (conf. C.N. Cont. Adm., Sala I doct. Fallo del 13.9.05, "Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA"; idem., Sala III, fallo del 13/09/05, Expte. N° 20.588/03 "Papelera Tucumán SA (TF 14120-A) c/ DGA").

Refuerza lo sostenido, la norma contenida en el último párrafo del art. 29 de la ley 11.683, cuya validez, por lo demás, no ha sido cuestionada en autos.

Sentado lo expuesto, cabe analizar si, en el sub examine, las deudas de Editorial Perfil revisten el carácter de líquidas y exigibles en los términos de la citada resolución general (posició del Fisco Nacional), o si perdieron tales caracteres por encontrarse concursada la actora, ser deudas preconcursales y, al momento de comunicarse la transferencia o cesión a la AFIP, se hallase imposibilitada dicha parte a efectuar el pago en virtud de lo dispuesto por los arts. 16 y 17 de la ley de concursos y quiebras (posición de la accionante).

A modo de digresión y en punto al cuestionamiento específico vertido por la actora respecto de la fecha de vencimiento del período fiscal 12/01 y su relación con la exigibilidad de dicha deuda al momento de comunicar la cesión (presentación del 4.01.02 ya citada; v. fs. 119vta./120) debe decirse que carece de relevancia habida cuenta que en su oportunidad la propia concursada denunció como pasivo deudas fiscales correspondientes a los períodos 10 y 11/01 (v. expediente judicial N° 045294, copia de fs. 6 vta.), por lo cual, al margen de la discusión en torno del período 12/01, lo real y concreto es que también existían deudas líquidas y exigibles con vencimiento anterior a la presentación en convocatoria.

Ahora bien, como ya quedara expuesto y no es materia de controversia, los efectos del acto de apertura del concurso de Editorial Perfil se retrotraen a la fecha de presentación; es decir, al 27/12/01. Y, si bien es cierto que, por tal motivo, al momento de comunicarse la cesión de créditos a la AFIP e iniciarse el trámite pertinente, el 4/1/01, la concursada se encontraba limitada por las previsiones de los arts. 16 y 17 de la ley de concursos y quiebras conforme esta misma indica, ello no obsta a que las acreencias del órgano fiscalizador resulten exigibles, sólo que por intermedio de la vía pertinente, es decir, en el proceso concursal. Como en los hechos aconteció, por lo menos en lo que a la deuda previsional de diciembre de 2001 se refiere, en tanto el juez comercial declaró verificado el crédito del fisco, en concepto de contribuciones y aportes del mes de diciembre de 2001, conforme se desprende del cotejo del incidente N° 045294, aún cuando ciertamente –como quedó dicho- también la concursada reconoció la existencia de deuda líquida y vencida por los períodos 10 y 11/01. La Sra. juez de primera instancia sostiene que una obligación es exigible cuando su satisfacción puede ser reclamada inmediatamente porque la acreencia no está sujeta al cumplimiento de condición, plazo o modo. Sin embargo, la actora no cuestiona la exigibilidad por tales motivos (condición, plazo o modo de la obligación), sino por el estado concursal en que se encontraba al momento de la solicitud de transferencia (4/1/2002).

Sin embargo, el hecho que las deudas analizadas tengan una vía especial de cobro a consecuencia de un acto del deudor, como es el proceso concursal, no obsta a que sean exigibles (bien que a través de esa vía), justamente por cuanto la actora no invocó respecto de dichas obligaciones en concepto del régimen de seguridad social reclamadas por el fisco, que estuvieran sujetas a plazo, condición o prestación no cumplida (elementos éstos que, si se dan, permitirían predicar su inexigibilidad -cfr. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Anotado y Comentado, Carlos J. Colombo, Claudio M. Kiper, Tomo IV, Ed. La Ley, 2006, pág.600, el concepto de obligación exigible), antes bien las reconoció y admitió su verificación como deudas vencidas.

Por lo demás, las deudas señaladas resultan líquidas, toda vez también resultaron reconocidas y verificadas por montos concretos ($ 69.977,24; 174.694,76 y $ 308.072,65, respectivamente).

Ha de destacarse, asimismo, lo sugestivo que resulta el accionar de la actora, quien con fecha 21.12.01 celebró un contrato de cesión de créditos fiscales (entré otros tantos, detallados a fs. 1 de la act. 10642-725-2005) por el que transfirió sus saldos de libre disponibilidad a efectos de cancelar la deuda que mantenía con 'Deloitte & Co. SRL, seis días después peticionó su propio concurso y luego pretende que se haga lugar a la solicitud de transferencia iniciada (y comunicada la cesión al Fisco Nacional) con posterioridad, el 4/1/02 (ver punto111, 1) de la demanda, fs. 3), cuando ya se había presentado y privilegiado con 111 cesiones a un acreedor singular. Si bien el ente recaudador, durante el trámite de las actuaciones administrativas y en la resolución en crisis, no objetó por este motivo la transferencia, no puede dejar de ponderarse como un elemento de juicio coadyuvante, a esta altura del análisis, para desestimar la pretensión de la actora. En la forma en que han sido planteadas las posiciones de las partes, a la luz de las normas transcriptas en el considerando que antecede y a las circunstancias fácticas de la causa, detalladas en el considerando V, cabe concluir que el recurso del Fisco Nacional debe prosperar.

En efecto, a juicio de este Tribunal, por todas las consideraciones hasta aquí expuestas, la resolución administrativa motivo de apelación fue dictada conforme a derecho, sin que exista un fundamento válido para su revocación.

Consecuentemente, la sentencia apelada debe ser revocada en este punto, imponiéndose las costas de ambas instancias a la actora que resulta vencida.

VIII.- Dada la forma como se decide, no corresponde tratar el recurso de la actora, pues sus agravios necesariamente parten de la base de la revocación de la resolución 292/06.

IX.- Por lo expuesto, el Tribunal resuelve: 1°) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, y en consecuencia, revocar la sentencia de grado en cuando revocó la resolución 292/06; 2°) dado lo decidido en el punto anterior, no tratar la apelación de la parte actora; 3°) imponer las costas de ambas instancias a la vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.). ASI SE DECIDE.-

Se deja constancia que la Vocalía N° IV se encuentra vacante. Hágase saber la vigencia de la Acordada CSJN N° 4/07. Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

 Recopilacion: Barbara Peñaloza




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